«Escrito por Anjana Meza

A lo largo del tiempo, las personas con discapacidad han recibido un trato diferenciado por parte de la sociedad. Este trato se fundamentaba en su condición física o psíquica, dependiendo del caso. La preconcepción acerca de que una persona con discapacidad no podía realizar acciones por sí misma fue una idea determinante para que la legislación de distintos países regulara de una manera específica la situación de este grupo de personas. 

En la legislación peruana, los artículos 43 y 44 del Código Civil de 1984, previos a la modificación causada por el Decreto Legislativo N° 1384, precisaban quiénes eran considerados como incapaces absolutos o relativos, tomando en cuenta su situación. De esta manera, el ordenamiento preveía que estas personas, al no “poder” manifestar su voluntad, necesitaban de un tercero que pudiera representarlos y decidir en su lugar.

Durante las últimas décadas, esta situación ha cambiado progresivamente. Con el surgimiento de nuevos paradigmas, como el modelo social señalado en las convenciones de derechos humanos (ej. la Convención de los Derechos de la Personas con Discapacidad, suscrito por Perú en 2008), y con la implementación de la Ley General de Discapacidad (Ley Nº 29973), la situación de las personas con discapacidad en el ordenamiento se formularía en virtud al reconocimiento de su autonomía privada. De ese modo, en el año 2013, se crea la Comisión Especial Revisora del Código Civil-Cedis, cuyo objetivo sería realizar reformas al Código Civil que versen sobre el tema de las personas con discapacidad. 

A continuación, examinaremos las principales diferencias entre la normativa del Código Civil peruano de 1984 y las modificaciones que realizó el Decreto Legislativo N° 1384 respecto del tema de la capacidad, quiénes pueden ejercerla y las consideraciones en torno a su ejercicio. 

CASO 1: El concepto de capacidad e incapacidad ha sufrido cambios, sobre todo, cuando se refiere a las personas con alguna discapacidad. 

Anteriormente, existía la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Estos dos supuestos estaban regulados y establecidos en los artículos 43 y 44 del Código Civil.

Con la modificación introducida mediante el Decreto Legislativo N°1384, se derogó el inciso 2 del artículo 43 y, mediante la Ley N°29973 (Ley de la Persona con Discapacidad), se derogó el inciso 3 del mismo artículo. De igual manera, se modificó el artículo 44, mediante el D.L. N°1384.

Esto causó que, por un lado, se eliminara la figura del incapaz absoluto y, por otro lado, se reemplazara la “incapacidad relativa” por la “capacidad restringida”. De esta manera, se dejó sin efecto el concepto de incapacidad para reconocerles capacidad de ejercicio a todos los peruanos mayores de 18 años. 

Un primer cambio que anotar está relacionado con la incapacidad de ejercicio absoluta. La “incapacidad absoluta” involucra el hecho de que los actos jurídicos llevados a cabo por personas, a quienes se les atribuye este título, son nulos. Actualmente, según el artículo 43 del Código Civil, son incapaces absolutos “los menores de dieciséis años”. Años atrás, las personas con ciertas deficiencias físicas y mentales eran también consideradas como incapaces absolutas (Roca, 2015, p. 118). De esa manera, se establecía que los sordomudos, ciegos sordos y ciegos mudos eran incapaces porque no podían expresar su voluntad de manera “ordinaria”.Aquello se evidenciaba en el artículo 241 del Código Civil, numeral 4, el cual señala que estas personas no podían contraer matrimonio, ya que no podían expresar su voluntad indubitablemente. Felizmente, este numeral fue derogado por la Ley N°29973.»

FUENTE: http://ius360.com/notas/discapacidad-no-es-incapacidad/

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