Igualmente, podría analizar si la resolución emitida por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación (CCPRI) constituye un acto de censura previa, al hacer depender la licitud del título de la publicación y su contenido de la moral pública y de las buenas costumbres, así como la posible restricción de la información y su difusión en la clandestinidad.[
La controversia deriva de un artículo que aparece en la Revista Cáñamo que expone el uso del cannabis con fines recreativos. Sin embargo, la Comisión Calificadora de Publicaciones declara su ilicitud porque no manifiesta las consecuencias adversas a la salud, desarrollo social del usuario, tampoco establece que su uso sólo puede ser autorizado por la Secretaría de Salud.
La revisión del caso podría derivar en un pronunciamiento respecto a la libertad de expresión como un derecho fundamental, el umbral de protección al interés público que establece la legislación como limitante explícita a la libertad de expresión, la proporcionalidad de dichas medidas y su racionalidad.
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