Este exhorto, promovido por la diputada Beatriz Eugenia Benavente, establece que considerando la interacción que predomina al interior de estos centros penitenciarios por la diaria convivencia entre la población privada de su libertad, sus familiares, custodios y autoridades judiciales se hace necesaria la aplicación de los estándares especiales UNPAS COVID-19, mismos que contemplan su desarrollo en dos etapas, preventiva y de atención a la emergencia.
La etapa preventiva es la conjunción de la participación del área médica y del área de trabajo social para promover al interior de la población, con la plantilla de custodios y las autoridades que se encuentren laborando las medidas preventivas y de higiene, además con los familiares que asisten a las visitas respectivas, considerando la posibilidad de evitar o restringir en su caso la visitas familiares y definitivamente evitar la presencia de menores, personas de la tercera edad y aquellas tengan alguna enfermedad degenerativa.
La etapa de Atención a la emergencia durante la misma es fundamental la identificación de casos de manera temprana para que se brinde la atención inmediata y se disponga a la persona afectada en área de aislamiento, así como, avisar inmediatamente a la autoridad de salud de ese lugar y dar seguimiento puntual a las personas con quien más tuvo contacto para mantener la vigilancia sanitaria de esa población, así como de la evolución para determinar en su caso el traslado a algún hospital de la localidad
Indica que derivado de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19, se emitieron los Estándares Especiales UNAPS COVID-19 por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y los Estándares Avanzados de Naciones Unidad para el Sistema Penitenciario (UNAPS, por sus siglas en inglés), para que se incorporen en la práctica penitenciaria llevada a cabo durante la contingencia sanitaria, y así mismo declarada en nuestro país por el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, el cual acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, y con el objetivo de Contribuir a la dignificación del Sistema Penitenciario del Estado a través del fortalecimiento de los derechos humanos, la reinserción social y la profesionalización del personal penitenciario.
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