Lo anterior, cuando se realice sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de lo que se requiere para usar el servicio, como ya lo marca el código.
El documento indica que el robo de energía eléctrica ha proliferado a lo largo del país, lo que afecta los ingresos del Estado y la capacidad de impulsar el bienestar social.
La magnitud del robo de energía puede observarse a partir de los datos de pérdidas no técnicas, reportadas por el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que refiere que en 2017 las pérdidas representaron un costo de 30 mil 325 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad, que representa el 8 por ciento de la energía eléctrica distribuida en el ámbito nacional.
El dictamen indica que las sanciones administrativas no han inhibido de manera adecuada el robo de electricidad. Además, la legislación penal no tipifica de manera específica la participación en el robo de electricidad de funcionarios y personas relacionadas al sector eléctrico.
Por lo anterior, la reforma equipara al robo y se castigará como tal, la instalación o disposición técnica de los mecanismos necesarios para el uso y disfrute de energía eléctrica, ya sea que por ello se obtenga o no un beneficio, cuando se realice sin derecho ni consentimiento de quien legalmente pueda disponer de lo requerido para usar el servicio.
Fuente: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Julio/27/1981-Impondran-de-tres-a-quince-anos-de-carcel-a-quien-cometa-robo-de-medicamentos
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