Bajo esta concepción de la política como confrontación entre bandos moralmente diferentes, la tensión entre la justicia y el derecho es una de las trincheras en las que se recrea el conflicto. De hecho, su consistencia narrativa y eficacia persuasiva depende en gran medida de mantener viva esa tensión. Me atrevo a especular que, para el lopezobradorismo, el derecho existe sólo en las antípodas de la justicia. Son conceptos que se niegan recíprocamente. En efecto, la justicia es la razón moral e histórica de los justos, de los pobres, del pueblo, del Estado personificado en el movimiento. El derecho es, por el contrario, el privilegio temporal de dominio de los impíos, de los fifís, de las mafias, de las élites corruptas. La justicia no es esa constelación de aspiraciones axiológicas desde la que se debaten los contenidos del derecho en la pluralidad, sino la cualidad inherente de la voluntad del “nosotros” agregado a su sombra. La justicia es la realidad que se instala tan pronto queda derrotado el otro y que, por tanto, no requiere de la existencia de reglas que ordenen los comportamientos humanos para preservar ciertos fines. El derecho es irrelevante porque los justos no pecan, porque la hegemonía de “mi mayoría” es la sociedad pacífica de los iguales, porque el pueblo bueno y sabio siempre procura su propio bien. Por el contrario, la mecánica de la validez jurídica, la racionalidad procedimental y teleológica de las normas es un estorbo a la plenitud de la épica. Resabios del orden superado por el confinamiento moral y político del adversario. La convulsión natural del pasado moribundo.
En el régimen que pretende instaurar el Presidente, el derecho es, por decir lo menos, una absurda formalidad. El Presidente puede organizar consultas ilegales, dejar sin efecto normas, inhabilitar o exonerar personas y empresas en sus mañaneras, concentrar atribuciones o publicar como decreto el decálogo del día, porque la limpieza de propósitos y la voluntad de transformación desplazan cualquier exigencia, límite o restricción que no provenga de su voluntad. La firma del Presidente es la espada sobre la cual no valen las cautelas, los procedimientos, los cercos competenciales de la ley. La legitimidad mayoritaria y el peso específico en la representación no son sólo porciones de poder en la suma de cooperaciones de la pluralidad, sino una condición de superioridad ética por encima incluso de la razón impersonal del derecho. El Presidente se entiende a sí mismo mucho más allá de la responsabilidad del órgano o de la personificación de la competencia creada por la norma: se mira en el espejo del cruzado que ha sido tocado por el designio incontestable del pueblo auténtico.
El desprecio presidencial por el derecho es un peligroso reflejo autocrático. Revela profusamente la personalidad del político y su baja predisposición a la autocontención. Pero también es un dato preocupante de su entorno. El Presidente no tiene a su alrededor nadie que asuma sus responsabilidades políticas y legales a cabalidad. Nadie que disienta o cuestione. Nadie dispuesto a romper la inercia del capricho. El Pesidente blande promiscuamente su firma porque las racionalidades de la burocracia y de la administración a las que apelaba Max Weber, han quedado inhibidas por el miedo o la ambición del coro. Es la banalidad a la que se refería Hannah Arendt de aquellos incapaces de discernir las consecuencias de sus actos u omisiones: “compórtate de tal manera que, si Él te viera, aprobara tus actos”.
FUENTE:
Roberto Gil Zuarth . (2020). El presidente y el derecho. 27 de abril de 2020, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/el-presidente-y-el-derecho