La ley establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Sus competencias serán las de registrar, a nivel nacional, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales; así como todos los procesos administrativos relacionados.
El Centro tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México y contará con oficinas estatales. Contará con una Junta de Gobierno que estará integrada por los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien fungirá como presidente; de los institutos nacionales de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Electoral, y el de Estadística y Geografía.
Disminuyen los plazos de resolución de los conflictos laborales, así como el retraso en juicios acumulados y rezagados en las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, los cuales rebasan los 400 mil casos, indicó Napoleón Gómez Urrutia.
Afirmó que se garantiza la libertad de agrupación de los trabajadores, y fortalece la tutela judicial efectiva en materia de justicia laboral.
Podrán solucionar sus diferencias mediante negociación y sin acudir a juicio, fortaleciendo la confianza de las partes, señaló la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Mayuli Latifa Martínez Simón.
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