Los delitos que considera como graves son: corrupción, contra el patrimonio nacional, económicos, financieros, contra el sistema electoral, los ambientales, narcotráfico, contra la libertad de las personas, contra derechos humanos, contra el comercio, de armas de fuego.
Además, estima destinar a 70 por ciento del tiempo del Ministerio Público en resolver investigaciones, órdenes de aprehensión, mandamientos ministeriales y dictámenes periciales rezagados.
El modelo que utilizarán es similar al de sistema de salud, “triage”, que se caracterizará por dejar los delitos menos graves hasta el último y atender a los de mayor prioridad.
Dará prioridad a resolver las 300 mil investigaciones inconclusas y 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, con ese argumento defiende su top 10 de delitos más graves.
Propuso también el nuevo modelo de investigación criminal en el que reforzarán: equipos de investigación y litigación para delitos complejos con detenidos; la unidad de casos transversales, delitos complejos sin detenidos; tramitación masiva con detenido y de atención temprana, denuncias sin detenido, y la Unidad de Justicia Alternativa.
Con forme a lo anterior, el fiscal Alejandro Gertz Manero incluyó en el proyecto la redefinición de métodos sobre investigación criminal para mejorar la procuración de justicia y hacerla más eficaz.
El fiscal explicó que no se vulnera la Constitución al dividir los delitos en alta o baja complejidad, para los primeros existirá la justicia alternativa.
Cabe señalar que dentro de su lista de delitos prioritarios deja de fuera el feminicidio, tema que ha generado controversia pues su propuesta es retipificarlo como homicidio agravado, a lo que expertos y organizaciones civiles han rechazado la iniciativa por considerarla un retroceso.
El feminicidio fue añadido al catálogo de delitos graves en la Constitución.
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