“Creemos que la norma aprobada no permitiría a los consumidores tener la información adecuada para tomar las mejores decisiones para su alimentación”, declara en el comunicado el CCE.
Añaden que, recurrieron a instancias legales “para hacer valer el derecho a un proceso incluyente, transparente y con rigor jurídico.”
El sector empresarial llama a las autoridades a realizar una estrategia integral de salud y que el etiquetado advierta de forma clara y veraz el contenido calórico, grasas saturadas, azúcares y sodio.
Postura oficial
Las secretarías de Economía y Salud, así como la Cofepris, declaran que “en el proceso de normalización se involucró a todos los sectores interesados, incluyendo la participación activa del sector empresarial.”
“Se respetarán en todo momento las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que la suspensión es provisional e incluso ya fue impugnada para su revisión ante las autoridades jurisdiccionales superiores”.
Asimismo, aclaran que la suspensión provisional decretada en nada prejuzga sobre la legalidad del proceso de normalización.
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