Al hacer un recorrido por la historia del derecho ambiental y explicar los retos y las necesidades actuales para lograr mayor información y transparencia en la toma de decisiones, Trujillo Segura señaló que la Semarnat tiene hoy el reto de revertir las políticas de los gobiernos pasados en los que se dedicó a entregar los recursos naturales en lugar de cuidarlos.
Para ello informó, se iniciará el proceso de revisión del compendio de reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente e iniciarán con el reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental y el de aguas nacionales y, de esta forma, lograr mayor participación de los ciudadanos.
Guadalupe Espinoza Sauceda, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Judiciales de Semarnat, advirtió que el reto de la Secretaría es dejar de ser una simple agencia de trámites para cumplir con su papel regulador que asegure una gobernanza en el sector, lo que implica trabajar para lograr un marco jurídico robusto que garantice el derecho humano a un ambiente sano, como lo plasma el Artículo 4º constitucional.
Recordó que al iniciar la presente administración se encontraron muchos aspectos de conflicto que ponían en peligro la gobernanza en Semarnat, al menos 560 conflictos socioambientales. De ahí que se haya planteado una serie de acciones como la reducción de sus tres subsecretarías a dos, que ahora serán la de Política Ambiental y Recursos Naturales y la de Regulación y Regeneración Ambiental.
Asimismo, subrayó la necesidad de cambiar la visión proteccionista ambiental que ha campeado y que excluye a las comunidades originarias y pueblos indígenas, para trabajar ahora con una visión integral que considere la experiencia de estas comunidades que son dueñas de los recursos naturales con una visión de derechos colectivos, y que no son otros sino los derechos de los pueblos, que se contraponen a la visión de derechos individuales que por muchos años se ha manejado y que subsume a la naturaleza a su sola explotación.
Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reveló que en materia de procuración de justicia hay un rezago importante de asuntos que no se atendieron y se han ido acumulando desde hace más de 30 años. Entre ellos destacó más de cien pasivos ambientales en todo el país, zonas forestales en estado crítico en 28 entidades y afectaciones significativas a la fauna, como es el caso de la vaquita marina y la totoaba, en el Alto Golfo de California.
Dijo que el fin deseado de una gobernanza ambiental es promover y garantizar el derecho a un medio ambiente sano y es el Estado el que tiene esta encomienda. Sin embargo, advirtió, el daño y deterioro ambiental debe generar responsabilidad para quien lo provoca en términos legales. Citó como ejemplo los pasivos ambientales que fueron generados por empresas o personas individuales a quienes no se les ha exigido reparación alguna.
Mendoza Vera sostuvo que a todos estos pendientes en materia de justicia ambiental se suma el hecho de que durante la situación que se vive por la pandemia se incrementaron las infracciones ambientales. En este escenario, aseguró, aun con carencias y presupuesto recortado la Profepa sigue trabajando con compromiso y responsabilidad. Consideró que se deben ejercer políticas en las que prevalezca la comunicación real y efectiva, que haya un diálogo abierto y de debate en el que se llegue a conclusiones, ya que estas son las herramientas para garantizar la seguridad ambiental en nuestro país.
]]>