Han transcurrido ya trece años desde aquel diciembre de 2006 en el que se inició la conocida guerra contra las drogas. Bajo una óptica de seguridad enfocada al uso de la fuerza, se incluyó a las fuerzas castrenses en actividades de seguridad pública donde antes no tenían cabida. Esta nueva dinámica propició la existencia de extralimitaciones en el uso de la fuerza, así como la manifestación de un sistema sin contrapesos ni controles. Entre 2006 y 2017, las fuerzas armadas detuvieron a 86,617 civiles en supuesta flagrancia, la mayoría de ellos por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y abatieron 5 mil 396 personas en enfrentamientos hasta septiembre del presente año. Sin embargo, estos últimos datos no habían sido publicados hasta hace escasas semanas, debido a que la SEDENA dejó de reportar, desde el año 2014, las cifras de civiles muertos o heridos en enfrentamientos.
A nivel regional podemos afirmar que, según el informe del “Monitor del uso de fuerza letal en América Latina” elaborado por el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras instituciones, México obtiene resultados muy desfavorables en cuanto a su apertura de información sobre temas de seguridad. De los doce indicadores que se utilizaron para medir la fuerza letal, tan solo dos de ellos pudieron ser analizados a través de fuentes oficiales, dos más fueron desechados por falta de información y los ocho restantes se basaron en recopilaciones de datos publicados en la prensa, resultando en un análisis sesgado.PUBLICIDAD
Buscando ejemplificar esta realidad, solicitamos información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia referente a denuncias, investigaciones penales y sentencias sobre homicidios dolosos cometidos por servidores públicos entre 2006 y 2018. Las denuncias fueron la información que se aportó con mayor claridad; de acuerdo con las Fiscalías Generales de los estados se registraron un total de 593 denuncias.
Sin embargo, estos números no nos permiten tener un panorama certero respecto de la realidad mexicana. De contar con la totalidad de la información requerida, los resultados podrían ser mucho más graves, puesto que tan solo veintiún estados proporcionaron la información tal como la solicitamos, mientras que cuatro la aportaron parcialmente, debido a la falta de capacidad para generar los datos requeridos. Los siete estados restantes alegaron no contar con dicha información o directamente no respondieron la solicitud. Entre estos últimos se encuentran Chihuahua y Sonora, estados que, por su extensión territorial y sus altas tasas de criminalidad, nos impiden ver una parte importante del agregado del país. En los casos de Baja California Sur y Sinaloa, coincide que ambos estados tienen una tasa elevada de impunidad y ninguno aportó la información requerida, lo que nos sugiere que a menor transparencia, mayor impunidad.
Además de esto, para poder realizar un análisis completo sobre el tema solicitamos información acerca de carpetas de investigación, averiguaciones previas y sentencias. Las respuestas a dichas solicitudes nos expusieron información general sin puntualizar si hacían referencia a servidores públicos, lo que nos impide tener conocimiento de qué tantas denuncias tuvieron su debida investigación y culminaron en sentencia, generando incertidumbre en cuanto a la procuración de justicia y rendición de cuentas.
En este punto y dando una mirada un poco más práctica en búsqueda de soluciones, entendemos que un sistema de acceso a la información pública transparente, moderna y eficaz es un pilar principal para atajar la problemática que nos afecta a todos. Esto permitiría la realización de mejores diagnósticos contextuales a la hora de elaborar e implementar políticas públicas de seguridad, más integrales y coherentes que generen mayor confianza en el quehacer de las autoridades frente a la población. Solo cuando estos esfuerzos vayan tomando forma, la reducción de la impunidad se volverá una realidad menos utópica en México.
De lo contrario, prolongamos un círculo vicioso en el que las autoridades ni informan ni castigan, ocasionando que la sociedad sienta una desconexión hacia el aparato estatal y se resigne a procesos inefectivos; desgastándose así, al Estado y a la ciudadanía, anclando a México a un sistema que promueve y permite la violencia, lo que evita que exista un progreso sustantivo hacia algo mejor.
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