Los cambios integrados al dictamen que reforman diversos artículos de la Constitución Mexicana para la creación de la Guardia Nacional son insuficientes para evitar que el Ejército encabece la estrategia para atender la crisis de inseguridad en el país.
Aunque el mando de la Guardia Nacional recaerá en una autoridad civil, la reforma constitucional que aprobaron los diputados federales establece que la estructura jerárquica, disciplina y profesionalización estará a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Integrantes de organizaciones internacionales y nacionales de protección de derechos humanos, académicos y líderes de asociaciones civiles enfocados en seguridad, advirtieron que poner a las fuerzas Armadas al frente de la estrategia de seguridad no disminuiría la crisis de criminalidad en el país, y que por el contrario representaba una amenaza para los derechos humanos.
“La militarización de la seguridad pública sigue vigente, los cambios propuestos resultaron ser una pantalla, dicen que es mando mixto y hablan de una adscripción civil de la Guardia Nacional, pero todo lo operativo, lo presupuestal, el ascenso del personal y la capacitación del personal depende de la Secretaría de Defensa, a la que se le dan facultades suplementarias autónomas que ninguna otra dependencia tiene, algo sumamente delicado” apunta Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).»
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