Cuando no se cuenta con una legislación que propicie la inversión, la competencia, la transparencia y el combate a la corrupción, se corre el riesgo de que, como hasta ahora, las obras públicas estén pensadas para el presente y no para el futuro.
En ese contexto, es que la actual legislación que tiene el país en materia de obra pública requiere una renovación urgente y profunda, que vaya a solucionar muchos aspectos de transparencia de los proyectos, de infraestructura pero también planeación; fundamental ésta para hacer de México una nación más atractiva para la inversión nacional y extranjera.
Por ello, es que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados realizamos foros de consulta para modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) buscando hacerla más ágil, transparente y competitiva.
En marzo y abril de 2019, la CMIC trabajó coordinadamente con la Cámara de Diputados, que preside Ricardo Exsome Zapata, en la realización de foros nacionales de consulta pública para las necesarias modificaciones a la Ley de Obras, en diversas ciudades de la República Mexicana, con la intención de fortalecer la normatividad para dinamizar la inversión en obra pública, promover la transparencia y la eficiencia y eficacia en el ejercicio del erario, aumentando así la productividad y competitividad de México.
En nueve ciudades de nuestro país fueron testigo de los 11 foros realizados, siendo las instalaciones de CMIC sede en 6 ocasiones.
Especialistas expusieron sus opiniones sobre los temas más relevantes del sector de la construcción, como: Garantizar la continuidad de los proyectos plurianuales; formar un banco de proyectos; mejorar la programación de obras públicas; reforzar los procesos de las licitaciones; publicar el desarrollo de las obras; innovar la plataforma Compranet; perfeccionar los procedimientos de evaluación; ampliar el análisis de precalificación; impulsar la capacitación; actualizar el esquema de anticipos; destacar la participación del contenido nacional; robustecer el apoyo a MiPyMEs; considerar los gastos de financiamiento; incluir el sistema de evaluación binaria y de tasación aritmética
Nuestro sector está siendo partícipe de este proceso de modificación a la Ley de Obras Públicas y el objetivo es: mayor certeza jurídica y económica, transparencia y equidad en los procesos de contratación; aplicación de los recursos públicos en tiempo y forma; procesos de contratación y administración más sencillos y eficaces; criterios y normas que privilegien los beneficios sociales y económicos de la obra.
Especialistas, académicos, funcionarios, legisladores de los diferentes órdenes de gobierno, organismos empresariales, profesionales y no gubernamentales, así como la sociedad participaron aportando sus opiniones acerca de la legislación; coincidieron en la necesidad de una planeación de infraestructura a largo plazo, sin estar sujeto a periodos sexenales. Al contar con un instituto encargado de la planeación, la inversión de recursos públicos será más eficiente, destinando el presupuesto a proyectos que sean realmente prioritarios..
Otra de nuestras preocupaciones en estos momentos resulta del lento ejercicio de recursos públicos, nuestro Observatorio de la Industria de la Construcción revelan que hasta abril, de la inversión pública comprometida para este año en 10 dependencias, sólo se ha ejercido 18%, es decir, 68,146 millones de pesos, de 381,852 millones de pesos.
Esto representó una baja de 2.5% en el sector de la construcción. Es muy importante que el gobierno reactive el gasto en materia de infraestructura debido a que nuestra industria es un gran motor de la economía que genera 6 millones de empleos directos y 3 millones de indirectos.
Según el análisis realizado por el Observatorio, la Secretaría de Salud sólo lleva ejercido 31.7% de su presupuesto, mientras que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 13.7 por ciento.
Del presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo se ha ejercido 2.6%, y del de la Secretaría de Turismo (Sectur) para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 0.6 por ciento.
Petróleos Mexicanos (Pemex) lo ha hecho con 15.5%, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 9.9%, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 5.2% y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 3.8 por ciento.
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la dependencia con mayor avance, pues ha realizado el ejercicio de más de 43% de su presupuesto asignado.
En síntesis la industria de la construcción del país está pasando por una etapa muy complicada, por una parte al no contar con un marco regulatorio acorde a las necesidades actuales de la industria y por otra, por el lento ejercicio del presupuesto 2019, esperamos que el gobierno acelere la reactivación de esta industria motor de la economía nacional.
FUENTE:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/mexico-requiere-nuevo-marco-legal/