La realidad del origen de esta figura es que muchos patrones se resisten a hacer partícipes de las utilidades de sus empresas a sus trabajadores, pese a estar obligados a hacerlo. Esto, entre otras razones, porque consideran que 10 por ciento es un exceso. A principio de los años sesenta, había una forma muy complicada de calcular la participación a que tenían derecho los trabajadores, lo que condujo a resultados decepcionantes ante las desbordantes promesas que, en su momento, hizo el gobierno al sector obrero, la expectativa consistía en saber cuánto recibirían los trabajadores de una importante refresquera. Ésta repartió nueve pesos a cada trabajador. Posteriormente, se fueron fijando diversos porcentajes hasta llegar al actual 10 por ciento.
El pago del impuesto sobre la renta en México es inferior al que pagan nuestros vecinos canadienses y estadounidenses. Pero éstos tienen la posibilidad de hacer mayores deducciones que nosotros, lo mismo que los países que integran el G8, que no reparten utilidades a sus trabajadores.
Para evitar que se sigan creando outsourcings, la solución es reformar la Ley Federal del Trabajo y no la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, que es la que fija el porcentaje cada 10 años. Es preciso corregir la cantidad máxima que se ha de repartir y establecer un pago mínimo en caso de que la empresa no obtenga utilidades. Esto beneficiaría a la mayoría de los trabajadores, sin necesidad de modificar el porcentaje de 10 por ciento que rige en la actualidad. Lo ideal sería fijar un tope máximo de tres meses y uno mínimo de 15 días de salario, en caso de que no haya utilidades por repartir o que el monto sea menor a 15 días. De esta manera, las empresas podrían calcular su costo máximo, así como el mínimo, por concepto de reparto de utilidades —el comúnmente identificado como PTU— y poder elaborar su presupuesto anual.
Si tenemos en cuenta que poquísimas empresas —no más de 500 en la República— reparten más de tres meses de salario a sus trabajadores y, en cambio, cientos de miles de compañías no lo reparten o reparten menos de 15 días, esto beneficiaría a ambos factores de la producción. Ayudaría, asimismo, a mantener la paz social, pues se evitaría que los trabajadores inconformes solicitaran la intervención de las autoridades
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