Las razones para reformar han sido muchas y variadas, pero el combustible que las ha alimentado a todas invariablemente ha sido la desconfianza de los actores políticos en el sistema y, en esta línea, el ánimo político que se genera con posterioridad a un proceso electoral.
El reformismo nos ha heredado un sistema electoral robusto y confiable pero particularmente complejo, al que se destinan permanentemente importantes recursos públicos para el sostenimiento de sus sistemas y burocracia electoral, y del financiamiento público a los partidos políticos.
La inminente reforma electoral que se empieza a discutir en diversos foros públicos comparte con sus antecesoras la narrativa de la necesidad del cambio, y todo parece indicar que también la voluntad política para llevarlo a cabo. No hay una sola iniciativa de reforma electoral en la mesa, sino más de un centenar que se presentaron durante el último periodo ordinario legislativo.
No obstante, las propuestas que ahora se discuten con especial atención no vienen de la oposición como en otras ocasiones, sino de las fuerzas políticas que ahora son gobierno. Y más que buscar ajustar la maquinaria electoral —que, por cierto, fueron las reglas del juego político que les permitió el contundente triunfo en las urnas el año pasado—, se propone el desmantelamiento o redefinición del sistema como lo conocemos actualmente.
Los foros de la reforma
El detonador del debate público sobre la reforma electoral fue, por un lado, la iniciativa del diputado Sergio Gutiérrez Luna y, por el otro, los foros sobre la “Reforma del Estado y electoral” a los que se convocó en la Cámara de Diputados para la discusión de diversos temas.
Aun cuando los asuntos abordados en las mesas de trabajo de tales foros rebasan la temática electoral, el tono y acento de la discusión se centró mayoritariamente en la arena político-electoral. Particularmente en la propuesta de desaparecer a los 32 institutos y tribunales electorales locales, además de las 300 juntas distritales e incluso al propio Consejo General del INE. Además de reducir el financiamiento público a los partidos políticos y en recortar el número de diputados y senadores plurinominales. Todas estas propuestas comporten un hilo en común en términos discursivo: la austeridad.
El contraste de posiciones respecto de una posible reforma electoral quedó claro en los discursos de inauguración del foro el pasado 11 de junio. Tanto el diputado Mario Delgado como el senador Martí Batres manifestaron que la reforma que impulsa MORENA y sus aliados políticos busca una disminución del costo de los ejercicios democráticos, marcadamente la austeridad en la política y en los procesos electorales. Sancionar de manera efectiva los delitos electorales. La reducción al 50% del financiamiento público a los partidos políticos y revisar el número de diputados y senadores plurinominales. Además de ajustes a la consulta popular y revocación de mandato.
En cambio, el presidente del INE alertó que lo primero es cuidar la certeza de las elecciones, más allá de la austeridad. En su opinión el sistema electoral funciona, y funciona muy bien. Con la estructura actual, el INE definitivamente no podría hacerse cargo de organizar las elecciones locales y federales en todo el país. De tal manera que asignarle esta nueva tarea requeriría de su refundación e invertir más recursos en la institución. Lorenzo Córdoba advirtió también que los cambios mal planeados, mal procesados o mal intencionados pueden implicar una regresión democrática.
De ahí en adelante, los foros llevarían la voz de estas dos posturas en sus diferentes expositores.
Por ejemplo, para Jaime Cárdenas estamos ante una crisis del sistema electoral, y uno de los problemas más relevantes es que tanto los institutos y tribunales locales están controlados por las gubernaturas de los estados y por los diversos partidos políticos sin excepción y, por ello, no se garantiza la independencia de esos órganos. De ahí que Cárdenas concluya que por su importancia política y financiera se deben centralizar las funciones electorales.
El diputado Pablo Gómez planteó desaparecer el Consejo General del INE, las 300 juntas distritales y los 32 OPLES porque le parece que las elecciones están politizadas por esos órganos y que las elecciones deben ser una tarea más técnica y menos política.
En cambio, quienes encabezan los órganos electorales, en su mayoría defendieron la labor que realizan tanto el INE como los OPLES. Con la notoria excepción del consejero electoral del INE, José Ruiz Saldaña, quien criticó el control interno y privilegios que mantienen “algunos consejeros del INE” y se manifestó por la desaparición de los OPLES.
Particularmente interesante fueron algunas cifras que salieron a relucir en el foro. Tal es el caso de que nuestro sistema electoral cuesta aproximadamente 33,000 millones de pesos,2incluyendo el financiamiento de partidos políticos y el sostenimiento de autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales. Así también, que el presupuesto de los OPLES equivale el 0.43% del total del presupuesto de las entidades federativas y de esa cantidad el 52% corresponde al financiamiento a partidos y el 48% al funcionamiento de los OPLES.3
Con algunas cifras en la mesa habría que evaluar si nuestra democracia cuesta mucho para lo que nos aporta y si conviene o no seguir la senda en la que hemos venido caminando los últimos cuarenta años.
¿Hacia dónde vamos?
El camino de la reforma es incierto. Vistas las evidencias de los recientes procesos electorales, las alternancias pacíficas en el poder a nivel federal, estatal y municipal y, en general, el sistema electoral en su conjunto, no parece que el sistema esté pasando por una crisis que amerite su refundación. No obstante, si tenemos muchos flancos abiertos que requieren de una reforma en financiamiento, fiscalización, radio y televisión, medios de impugnación, propaganda electoral, género, delitos electorales, entre muchos otros más que fueron abordados durante los foros.
A pesar del complicado diseño de competencias entre autoridades federales y locales y de la barroca legislación electoral, el sistema funciona, pero es opaco o de difícil acceso para la ciudadanía. Probablemente ese sea el mayor reto del sistema electoral.
La figura del Consejo General del INE y de los OPLES es una versión institucionalizada del modelo tradicional de casilla que ha operado durante décadas en México, y que busca la representación ciudadana y de los actores políticos ya sea para contar votos o para avalar decisiones colegiadas relacionadas con los temas político-electorales. Es un sistema de vigilancia mutua, basado fundamentalmente en la desconfianza.
La idea de desaparecer los organismos electorales locales, tanto administrativos como jurisdiccionales, para generar ahorros y evitar el control político de los poderes locales no es nueva. En 2014, esa misma propuesta fue impulsada por el PAN y el PRI. No obstante, al final, se llegó a un modelo intermedio que concentró un número importante e facultades en el entonces nuevo INE, en detrimento de las entidades federativas.
El paso lógico de una nueva reforma electoral sería completar la centralización de los procesos electorales iniciada en 2014. Sin embargo, la reforma del 2014 no ha generado los ahorros esperados y la designación de los integrantes de los OPLES por parte del Consejo General del INE trasladó los cabildeos políticos del legislativo al interior del órgano nacional electoral.
Como nunca antes se han destituido consejeros y consejeras electorales, salvo los casos de Chiapas y Colima. El procedimiento de destitución de las consejerías electorales de los OPLES parece funcionar más como un mecanismo de presión hacia sus integrantes que como un mecanismo de rendición de cuentas. Ello sin tomar en cuenta las poderosas facultades de atracción y asunción del INE sobre los OPLES que merman la autonomía y capacidad de decisión de esos órganos.
En ese contexto, en palabras del diputado Pablo Gómez, la reforma electoral respecto de las autoridades administrativas tendría solamente dos caminos. El de la centralización de todos sus procedimientos o bien el regresar al modelo federalista previo a la reforma 2014, en el que los institutos electorales gozaban de autonomía en sus decisiones y funcionamiento respecto de los órganos federales o nacionales electorales.
En todo caso, con independencia las opiniones técnicas y académicas, la decisión final siempre será política. Ésa, probablemente, sea la respuesta más clara a la pregunta de por qué es necesario reformar.
Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente labora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
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