La acción legal presentada por la organización CASA Maryland y la Universidad de Georgetown se suma a las querellas interpuestas el mes pasado contra el gobierno federal por parte de varios condados, estados y organizaciones , pero es la primera que se presenta en nombre de potenciales afectados: el estudiante Ángel Aguiluz y la maestra Mónica Camacho.PUBLICIDAD
«Estoy aquí para demandar a la administración de Trump porque no se me hace justo que si paso por un momento duro y necesito pedir un préstamo para apoyarme a mí o a mi familia, esto me va a afectar en el futuro para arreglar mi situación legal», dijo Camacho, una profesora de inglés como segunda lengua. Ella tiene 25 años y llegó a Estados Unidos de México cuando tenía 7.
Tanto Camacho como Aguiluz, un estudiante hondureño de 22 años, son beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), establecida por el gobierno de Barack Obama.
«La nueva norma permitiría a los agentes de inmigración negar el estatus legal permanente a muchos inmigrantes de una manera arbitraria y discriminatoria», dijo este lunes Amy Marshak, abogada principal del Institute for Constitucional Advocacy and Protection (ICAP) de la Universidad de Georgetown. Para ella, la regla es «contraria a la ley» y «discrimina a la gente de color».
En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que negaría la residencia permanente (green card) a los inmigrantes que hagan uso del programa de asistencia Medicaid, reciban cupones de alimentos y otras prestaciones sociales. El alcance real de la medida aún no está del todo claro, al tiempo que las organizaciones proinmigrantes y abogados continúan revisando el documento de más de 800 páginas que entrará en vigor el 15 de octubre de este año.
«Es una diferencia entre morir y vivir»
La demanda presentada a nombre de Camacho y Aguiluz busca la anulación definitiva de la regla, pero también se presentó una orden preliminar de suspensión para tratar que se detenga su implementación, prevista para el próximo 15 de octubre.
«No se me hace justo para mí y para muchos más jóvenes y personas que están en mi situación», lamentó Camacho, quien dice que no puede ir a la universidad a tiempo completo porque tiene que trabajar.PUBLICIDAD
La joven de Baltimore, en el estado de Maryland, dice además que teme pedir un préstamo para sus estudios y que eso pueda tener repercusiones negativas en el futuro cuando intente hacerse ciudadana. «Todas las cosas que quiero hacer sé que en el futuro me pueden afectar por esta administración. Pero estamos aquí para pelear. Basta ya de estar atacando a nuestra comunidad inmigrante», dijo.
La representante estatal Joseline Peña-Melnyk, de origen dominicano, acompañó a Camacho y a los portavoces de CASA y de la Universidad de Georgetown en la presentación de la demanda y aseguró que algunos de esos servicios son vitales para inmigrantes enfermos.
«Cuando la persona necesita ayuda, tiene que aplicar para estos servicios. A veces, si no aplican y no se lo dan, no viven. Es una diferencia entre vivir y morir», aseguró.
El pasado 27 de agosto, una coalición de cinco fiscales generales, liderada por el procurador de California, Xavier Becerra, pidió a un tribunal que detenga la aplicación de la regla de «carga pública», mientras se resuelve una demanda contra la norma.
En la presentación de la demanda, Becerra y el gobernador de su estado, Gavin Newsom, acusaron al gobierno federal de usar «la vivienda, la salud y la alimentación» como arma para dañar a los trabajadores inmigrantes de California.
Días antes, los condados de San Francisco y Santa Clara, en ese estado, presentaron otra demanda a la regla ya que consideraban que los cambios impulsados por el gobierno de Trump empeorarían la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarían los riesgos de salud pública y tendría un impacto financiero.
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